Detienen a 15 personas por falsificación de títulos docentes

JUDICIAL — En una diligencia judicial denominado «Operación Credenciales 1.0», la Fiscalía Segunda Superior contra la Delincuencia Organizada, aprehendió a más de 15 personas señaladas por integrar una estructura criminal dedicada a la confección, venta e inserción de títulos falsos para la obtención fraudulenta de plazas en el sistema educativo nacional.

Las diligencias de allanamiento, autorizadas por un Juez de Garantías, se ejecutaron de manera simultánea en las provincias de Bocas del Toro, Chiriquí, Coclé, Panamá Oeste, Panamá, Colón y Darién, logrando la incautación de evidencia clave como diplomas apócrifos, facturas y equipos tecnológicos.

Esta intervención responde a denuncias formales interpuestas por el Ministerio de Educación (Meduca) tras detectar graves irregularidades en el Sistema de Recursos Humanos (SIARHE), la plataforma oficial empleada para la selección de aspirantes en los Concursos de Nombramiento Docente.

Las pesquisas revelan que la presunta red criminal se dedicaba a la venta expedita de títulos, créditos y diplomas de nivel de licenciatura, posgrados y maestrías, utilizando de forma fraudulenta el nombre de prestigiosas casas de estudios superiores. Los aprehendidos enfrentan cargos por la presunta comisión de delitos contra la Administración Pública, contra la Fe Pública y Asociación Ilícita, por lo que serán puestos a disposición de los tribunales de garantías para la legalización de su aprehensión e imputación de cargos.

Las investigaciones impulsadas por la gestión de la exministra de Educación, Lucy Molinar, señalan que el fraude por títulos falsos en el sistema educativo supera de forma masiva los expedientes previos.

Tras la denuncia inicial interpuesta por el Meduca en abril de 2026, la institución entregó un primer paquete consolidado de 401 casos identificados de personas que ejercían o aspiraban a cargos sin contar siquiera con título de bachillerato, habiendo falsificado desde licencias de educación media hasta postgrados y maestrías. No obstante, la propia titular del ramo en ese entonces confirmó que las denuncias de la ciudadanía y las auditorías internas han multiplicado varias veces esa cifra original, desencadenando la renuncia de más de 200 docentes y funcionarios acorralados por las pesquisas.

Un esquema fraudulento con antecedentes desde 2021

Los hallazgos de la Operación Credenciales 1.0 representan el seguimiento y la consolidación de denuncias que esta redacción periodística comenzó a rastrear desde finales de 2021. En enero de 2023, en respuesta a una solicitud de acceso a la información tramitada vía transparencia, la Procuraduría General de la Nación, confirmó la existencia de dos causas previas vinculadas al mismo modus operandi dentro del Meduca. El primer caso se originó tras una denuncia presentada por la propia institución el 28 de diciembre de 2021, la cual derivó en la imputación de 32 personas acusadas de usar créditos y diplomas falsos de ISAE Universidad para concursar por plazas laborales del año lectivo 2022, caso en el que además se emitió una orden de conducción para una persona que se mantienía prófuga.

El segundo antecedente registrado por las autoridades surgió tras la denuncia de un particular que alertó sobre la venta digital de títulos universitarios en portales web. Esta alerta permitió que el 20 de julio de 2022 las unidades de la Policía Nacional aprehendieran en flagrancia a dos personas en los estacionamientos del Centro Comercial Los Andes, en el distrito de San Miguelito, en el instante exacto en que realizaban la entrega de un diploma falsificado que había sido encargado y abonado previamente por internet.

Desde el punto de vista marco legal, las acciones imputadas por la fiscalía se sustentan en el Código Penal panameño, el cual castiga con severidad tanto la fabricación como el uso de documentación espuria. El artículo 366 sanciona con penas de prisión de cuatro a ocho años a quien falsifique o altere un documento público o auténtico de modo que pueda causar perjuicio, imponiendo la misma pena a quien inserte o haga insertar declaraciones falsas sobre hechos que el documento deba probar. Asimismo, el artículo 373 establece que quien haga uso o derive provecho de un documento falso a sabiendas de su alteración será sancionado como si fuera el propio autor de la falsificación, norma bajo la cual se procesa a los docentes y particulares que compraron estos títulos para acceder indebidamente al sistema educativo público.